Fue el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien les dijo que no sería necesario pagar el costo político de una reforma laboral por ley. En un encuentro la semana pasada, antes del 53 Coloquio de IDEA en Mar del Plata, frente a un reducido grupo de referentes sindicales de la 62 Organizaciones, que buscan tener más presencia en la futura composición de la CGT, se los confió. «Hasta el propio Presidente prefiere caso por caso» dicen los muchachos que escucharon aliviados de boca del titular de la cartera laboral.
El viernes pasado, fue Mauricio Macri quien blanqueó esa posición en el cierre del tradicional encuentro anual empresario que este año volvió a batir su propio récord de inscriptos.
Hay una clara coincidencia de conveniencias entre los sindicalistas que aspiran a conducir la futura CGT y el Gobierno: a ninguno de los dos les conviene una reforma laboral por la vía del Congreso porque el oficialismo no tiene número propio y porque el peronismo está desmadrado y nada garantizaría que la futura letra chica parlamentaria convenza a todos los sectores sindicales peronistas.
Así como para el Gobierno será clave sumar nuevos sectores en la reforma laboral al estilo Vaca Muerta también para los grupos sindicales de extracción peronista será clave ocupar lugares dentro de la futura conducción de la CGT. El triunvirato, dicen los compañeros está muy golpeado y esa debilidad sólo abona el crecimiento de las fracciones gremiales de izquierda a los que el sindicalismo tradicional quiere tener los más acotado posible. Los gremios vinculados con los sectores energéticos como los petroleros que conduce Guillermo Pereyra pisarían más fuerte en la futura conducción de la central de Azopardo.
Hay otro dato que alienta al Gobierno a avanzar por la vía de la reforma laboral sectorial: la litigiosidad laboral disminuye a medida que avanzan estos consensos. De acuerdo con las últimas mediciones de la UART, la cámara de las ART, en septiembre descendieron los juicios en un 44% en la Ciudad de Buenos Aires respecto del mismo mes del año pasado y un 16% en todo el país, aunque en provincia de Buenos Aires, territorio que aún no adhirió a la nueva ley, aumentó un 53%.
El caso Vaca Muerta es, sin duda, el leading case de las futuras adendas a los convenios colectivos. Desde su firma en febrero de este año, YPF ( con dificultades financieras que afrontar) se convirtió en la empresa líder en producción de no convencionales fuera de los Estados Unidos con más de 570 pozos perforados y unos u$s 700 millones destinados a exploración.
Aunque no se ve en la economía cotidiana de las grandes ciudades, esta superficie ya arrastra mucho optimismo para el crecimiento económico del 2018 y augura suficiente gas para sostener el incremento productivo de la industria que se despertó de su letargo en los últimos 3 meses y para pronosticar que, si todo va bien, en 5 años la Argentina no sólo se autoabastecerá de gas sino que podrá volver a exportarlo.
El acuerdo tripartito entre Gobierno, empresas y sindicatos provocó que en términos de productividad haya un aumento del 70% para los sets de fractura y que sólo YPF pasara de 38 etapas promedio en 2016 a 65 etapas en los últimos meses. Esto aceleró la reducción de costo de desarrollo de Vaca Muerta y también la inversiones, ya que este mes, por ejemplo, se está levantando un equipo adicional de perforación en Loma Campana. Claro que todo este despegue generó tensiones, por ejemplo en Quintana donde hubo un conflicto gremial porque el sindicato denunció que el proveedor interpretó la adenda incorrectamente y quiso aplicarla para atrás. Tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo con una conciliación obligatoria que rige por estas horas al compás de una acelerada negociación tripartita que parece preanunciar fumata.
El gran secreto de Vaca Muerta es que el acuerdo marco requiere de las adhesiones provinciales correspondientes. Ya firmaron Neuquén, Chubut y acaba de sumarse Santa Cruz, un gran logro político teniendo en cuenta que esa provincia está totalmente paralizada y quebrada por el kirchnerismo, que aún se refugia en esa gobernación.
Mirando las reformas que vendrán, hay cuestiones claves a imitar en esas firmas provinciales. Por ejemplo, se garantiza en caso de huelga guardias mínimas de trabajo, libre circulación y acceso a las instalaciones y el descuento de los días de paro.
Otro de los modelos que seducen al Presidente es el que firmó Toyota con 20 años operando en la Argentina con el Smata que conduce Ricardo Pignanelli. Este caso no es sectorial sino por empresa pero logró, entre otras cosas, que se fabrique la Hilux para el mundo desde la Argentina. Con ese modelo y la SW4 la terminal le vende a 22 destinados en Latinoamérica y emplea a 5.000 personas.
Ese acuerdo prevé que se otorguen al personal premios por calidad, productividad y presentismo y que esté prohibido despedir personal cuando hay crisis económicas en la sede matriz. Estas variables llegan a representar hasta un 30% por encima del salario de base. El acuerdo también contempla rotación de tareas como contrapartida en el sentido del surgimiento de nuevos roles según los contratos que vaya firmando la automotriz. Son algunas de las postales que el Gobierno y las empresas prevén replicar en las reformas por venir, segundos después de los resultados del domingo.
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