Casi en simultáneo a que el presidente Mauricio Macri anunciara dos reformas fundamentales para la segunda etapa de su gobierno, la justicia desempolvó causas que permitieron dos detenciones clave por causas de corrupción y lavado de dinero durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Es casualidad?
Seguramente la justicia acusó recibo del rotundo triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre y también del descrédito social de sus antecesores en el poder, ligeramente menor al de los sindicatos, que cuentan con casi el 70 % de imagen negativa. La renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, comenzó a quitar el cepo kirchnerista que se había instalado durante la anterior gestión de gobierno sobre los fiscales que pretendieran investigar hechos de corrupción.
En el fondo, ambos hechos se emparentan porque de alguna manera las reformas de Macri pretenden ampliar la base tributaria y la generación de empleo en blanco; eso también será un modo de transparentar los negocios público-privados en la Argentina que han servido de plataforma de enriquecimiento ilícito y estafa en la última década.
Hoy, ningún sector empresario rechaza la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. La iniciativa propone reducir el déficit fiscal en cinco años de modo gradual, en sintonía con el gradualismo económico que caracterizó esta gestión desde su comienzo. Básicamente esta reforma impulsa la reducción de algunos impuestos para incentivar a las pequeñas y medianas empresas y a los microemprendedores. Hay dos tributos que despiertan críticas duras. Por un lado, el gravamen a la renta financiera. En el Gobierno sostienen que fue una moneda de cambio con la oposición que reclamaba este impuesto desde hacía tiempo, ya que ambas reformas deberán pasar por el Congreso. Por otro lado, la extensión de impuestos internos a algunas producciones regionales como los vinos. Seguramente este último sufrirá muchos cambios en la discusión parlamentaria, en que los gobernadores de las provincias pisarán fuerte.
La reforma laboral suma aún más adhesiones dentro del empresariado, ya que incentiva los nuevos puestos de trabajo y premia a quienes vienen empleando en blanco. Se estima en la cartera laboral nacional que el empleo en negro en el país alcanza al 40 % de la fuerza de trabajo y especialmente a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires: un territorio que gobierna el oficialismo pero en el que el kirchnerismo mantiene sus seguidores. En cambio, dentro de la Central General de Trabajadores (CGT), la central sindical que fue mutando de su afinidad kirchnerista a la del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, hay mucha resistencia. Aunque saben que las urnas no acompañaron al peronismo, desde la usina gremial preparan artillería pesada contra esta reforma porque de ese poder de fuego dependerá el futuro de su conducción, hoy muy cuestionada no solo por sus propias bases sino también por el peronismo que vive su crisis interna.
En este contexto, nada parece obstaculizar el objetivo de Macri de votar ambas reformas con la nueva composición parlamentaria, que recambia el 10 de diciembre y que pondría agilidad a la recuperación económica de la Argentina, aún tibia.
Leelo en: http://dialogopolitico.org/agenda/impuestos-y-empleo-las-reformas-de-macri/
