La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de prohibir a las entidades financieras operar en criptomonedas resultó para muchos sorpresiva ya que dos instituciones se habían lanzado a ofertar esta posibilidad a sus clientes, aparentemente, luego de obtener algún guiño oficial.
Sin embargo, para los conocedores de la letra chica del acuerdo con el FMI esta medida era esperada ya que estaba incluida en en el programa de Facilidades Extendidas que el gobierno firmó en marzo con el organismo.
En el inicio de la semana el Banco Galicia y el digital Brubank les habían presentado a sus clientes la posibilidad de operar en criptomonedas a través de sus plataformas e incluso se realizaron algunas transacciones.
Sin embargo, ayer durante la reunión de Directorio del BCRA se dispuso la prohibición de este tipo de operaciones, respondiendo a lo pactado con el FMI.
En un apartado bajo el encabezado “Fortalecimiento a la resiliencia financiera” la Argentina sostuvo que “para salvaguardar mejor la estabilidad financiera, estamos tomando medidas con el objetivo de desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación”.
En el comunicado emitido ayer la entidad a cargo de Miguel Pesce, adujo que la decisión “procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto”.
Y añadió que “los distintos actores implicados en las operaciones con estos activos pueden no encontrarse establecidos en el país, lo que podría generar apartamientos a la normativa general”.
El FMI tiene una política activa para evitar la expansión de las criptomonedas. De hecho presionó a El Salvador para que desista de la decisión de aceptar al bitcoin como moneda de curso legal.
En una serie de comunicados dejó en claro que su validación en el país centroamericano “implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor”.
La presión hacia E Salvador ya se había producido en junio de 2021 cuando el país sancionó la “Ley Bitcoin”. En ese momento el vocero del FMI Gerry Rice afirmó que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de problemas macroeconómicos financieros y legales”.
